• Procuraduría del Estado de Tlaxcala se niega a investigar las desapariciones, las violaciones y los feminicidios en el “corredor de la trata”
  • Servidores públicos omisos y negligentes de la administración anterior continúan en sus cargos

Karla Romero Tezmol, Sandra Xahuantila, y Sarahí Tezmol, no se conocen entre sí, una de ellas aun continua desaparecida, pero mantienen cosas en común: son menores de edad, fueron desaparecidas en el Municipio de San Pablo del Monte, la Policía Municipal se negó a realizar acciones de búsqueda urgente, en ninguno de sus casos se activó la Alerta AMBER para la búsqueda inmediata de niñas y niños desaparecidos, cuando sus familias denunciaron las autoridades se negaron a iniciar una investigación, sus familias fueron orilladas a buscarlas por propia cuenta, y el elemento final que une a las tres víctimas es la “deliberada” pérdida de evidencia e indicios por parte de las autoridades policiales y ministeriales del estado de Tlaxcala.

Sarahí y Sandra, desaparecieron en octubre y diciembre de 2016 respectivamente, fueron localizadas por sus familiares con rastros de violencia física y sexual tras haber estado desaparecidas por varios días sin que las autoridades realizaran ninguna investigación para dar con su paradero, una vez que fueron localizadas en estas condiciones, ellas y sus familias fueron víctimas de violencia institucional pues al acudir a presentar las denuncias respectivas fueron cuestionadas, intimidadas e incluso ignoradas por las autoridades.

Mientras que el caso de Karla Romero Tezmol quien no ha sido localizada hasta la fecha, se sigue contabilizando según las cifras oficiales como la “única mujer/niña desaparecida en todo el estado de Tlaxcala” pues oficialmente sólo ella cuenta con una Averiguación Previa por la posible comisión de un delito relacionado con su desaparición, mientras que las decenas de niñas y mujeres desaparecidas en la entidad se mantienen registradas como “hechos que no constituyen delito” en diversas Actas Circunstanciadas.

En el caso de Karla Romero, fue un Juez de Amparo quién obligó a las autoridades de la Procuraduría del Estado a iniciar una “averiguación previa” por su desaparición elevando la Acta Circunstanciada que se había registrado “por hechos no constitutivos de delito” a una investigación formal por la posible comisión de delitos relacionados con el acto de su desaparición.

El 14 de noviembre de 2016, el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala amparó y protegió a Karla Romero Tezmol y su familia, señalando que la práctica reiterada de “no iniciar una Averiguación Previa ante la desaparición de una niña, produjo deficientes actuaciones y omisiones por parte de personal de distintos niveles de la PGJ Tlaxcala”.

A 14 meses de la desaparición de Karla Romero, hemos documentado desde las organizaciones Red Retoño y Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social la desaparición de 7 niñas, y 3 mujeres mayores de edad tan sólo en la comunidad de San Pablo del Monte: ellas son Brenda Tlatelpa Mora, Karla Romero Tezmol, Lizeth Cantor, Karla Mireya García Paredes, Sarahi Tezmol Salas, Sandra Elisa Xahuantitla, Aurora Paredes Vicente, Graciela Sánchez Esquina, Alberta Cruz Hueyo.

Sin embargo, la PGJ de Tlaxcala reconoció oficialmente que en el periodo de 2012 a 2016, únicamente se contaban con el reporte de 8 mujeres desaparecidas, de las cuales, únicamente 3 eran menores de edad, ocultando las cifras reales de las desapariciones y manipulando las estadísticas que se reportan al Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La negación sistemática de las autoridades de Tlaxcala por reconocer el fenómeno de las desapariciones, violaciones y feminicidios en la entidad se encuentra directamente ligado a las conductas deliberadas de las autoridades responsables por negarse a iniciar investigaciones en carpetas de investigación, por negarse a incorporar la perspectiva de género y de infancia en las indagatorias, por minimizar los hechos y calificarlos como “no delictivos”, por ocultar información a las familias, y los más grave de todo esto, por la constante “pérdida” de evidencia y la clara actuación omisa-cómplice que ha permitido que estos hechos se sigan repitiendo.

Ante este escenario adverso y de franca complicidad de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala como organizaciones civiles y como familiares de niñas víctimas de violencia sexual y desapariciones estamos solicitando al Gobernador del Estado de Tlaxcala y al Procurador General de Justicia:

  1. Que se cree la Unidad de Análisis y Contexto para la Investigación de Delitos Vinculados a Trata de Personas, Feminicidios, Homicidios Dolosos y Desapariciones de Niñas y Mujeres.
  2. Que se investigue, destituya y sancione a todos los servidores públicos que durante estos años se han negado a investigar la violencia contra las mujeres y la trata de personas, y a nombrar en su lugar a personal calificado y confiable.
  3. Que se emita un Acuerdo en donde se obligue a todos los agentes del Ministerio Público a iniciar de manera inmediata las carpetas de investigación correspondientes ante cualquier denuncia de desaparición que se reporte en la entidad.
  4. Que se transparenten todas las cifras reales de actas circunstancias, denuncias de hechos, averiguaciones previas y carpetas de investigación de casos de desaparición, violación y feminicidio en la entidad, en especial, en los municipios que integran “el corredor de la trata”.
  5. Que se respeten los derechos de las familias de las víctimas, que se les mantenga informados y que se diseñe un esquema de reparación integral del daño para todas ellas
  6. Que se corrijan las deficientes investigaciones y que se repongan los datos de prueba y las evidencias que deliberadamente se han perdido.

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